Sabías que los niño y las niñas representan el 37% de la población mexicana, aproximadamente 40 millones, y pese a lo representativo del número no existe un ordenamiento legal que garantice sus derechos, al no existir, por una parte, mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad; y por otra, la percepción generalizada de que el niño o la niña son objeto y no sujeto de derechos, es decir, que sus derechos están supeditados a su núcleo familiar. Prueba de ello, es, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010, la cual indica que, 6 de cada 10 personas opinan que los y las niñas deben tener los derechos que les da la ley; 3 personas de cada 10 consideran que deben tener los derechos que sus padres les quieran dar; un poco más del 3% considera que los niños no tienen derechos porque son «menores de edad.»
Y aunque existe un compromiso del Estado Mexicano por garantizar el cumplimiento de sus derechos de conformidad con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ejemplo, el DIF, como órgano asistencial, carece del carácter jurídico necesario para promover, defender y exigir el cumplimiento de los derechos de la infancia; pero más allá del marco legal, se encuentran las políticas publicas y la asignación presupuestal para el cumplimiento de las mismas. Y paralelamente a lo anterior, son muy pocos los programas en México que documentan la asignación presupuesto específico para la infancia.
De ahí la necesidad de generar nuevas instituciones que articules esfuerzos para la creación de políticas públicas universales, integrales, exigibles, efectivas, armoniosas, y congruentes con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño: no discriminación, participación, supervisión y desarrollo e interés superior. Ya que en la actualidad las políticas públicas son fragmentadas, es decir, que no existe coherencia ni relación de las políticas publicas de salud con las de educación, o viceversa. Por eso, el clamor es por un enfoque de derechos integral.
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