En las últimas décadas ha habido un interés creciente en distintas esferas por atender temas relacionados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, visibilizando así a este sector poblacional que tradicionalmente se enfrentaban a condiciones de invisibilización producto de una discriminación estructural asentada culturalmente en el mundo.[1]
1. PRESUPUESTO 1.1. Adoptar decisiones presupuestarias teniendo como consideración primordial el interés superior del menor, y en especial, los grupos de niños y niñas más desfavorecidos y en situación de mayor vulnerabilidad.
Sabías que los niño y las niñas representan el 37% de la población mexicana, aproximadamente 40 millones, y pese a lo representativo del número no existe un ordenamiento legal que garantice sus derechos, al no existir, por una parte, mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad; y por otra, la percepción generalizada de que el niño o la niña son objeto y no sujeto de derechos, es decir, que sus derechos están supeditados a su núcleo familiar. Prueba de ello, es, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010, la cual indica que, 6 de cada 10 personas opinan que los y las niñas deben tener los derechos que les da la ley; 3 personas de cada 10 consideran que deben tener los derechos que sus padres les quieran dar; un poco más del 3% considera que los niños no tienen derechos porque son «menores de edad.»
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